ONG disuelta tras 16 años de activismo

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Miembros de Pachamama afuera de las oficinas en Quito, luego de que el Gobierno dispuso la disolución, el 4 de diciembre último. Estuardo Vera

Velar por la conservación de la vasta selva del centro sur de la Amazonía del país, en la que aún está ausente la explotación petrolera, motivó en 1997 la creación de la Fundación Pachamama mediante el Acuerdo Ministerial Nº 52 del 6 de noviembre de 1997. Sus miembros enumeran entre sus objetivos la defensa de los derechos colectivos de las siete nacionalidades y pueblos indígenas asentados en Pastaza y Morona Santiago y los derechos de la naturaleza.

El Gobierno actual, en cambio, la ve como una organización que busca boicotear la XI ronda petrolera que incluye la licitación de 13 bloques petroleros en las provincias de Pastaza, Morona Santiago, Orellana y Napo, lo que implica la extracción de crudo en el centro sur de la Amazonía del país.

La fundación ambientalista Pachamama disuelta por el Ministerio del Ambiente, mediante acuerdo ministerial Nº 125 del 4 de diciembre pasado, inició su actividad en el país en 1997 con financiamiento estadounidense para impulsar proyectos ecoturísticos y de investigación, según cuenta su presidenta actual, María Belén Páez. Por ejemplo, a ella le financiaron una investigación sobre la importancia de conservar la nutria gigante.

La disolución llegó luego de que el presidente Rafael Correa acusó a este colectivo de participar en la agresión al embajador chileno Juan Pablo Lira y al empresario bielorruso Andrey Nikonov, el 28 de noviembre pasado, cuando ambos al salir de la apertura de ofertas de la XI ronda petrolera se encontraron con una manifestación en las afueras de la Secretaría de Hidrocarburos, en Quito.

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En El Ciudadano se identifica a dirigentes amazónicos como miembros de la ONG Pachamama.

La acción se da con base en un oficio del Ministerio del Interior del 4 de diciembre, en el que se establece que “representantes de las organizaciones Pachamama y La Hormiga iniciaron una violenta protesta”. Allí se pide la disolución inmediata de la Fundación Pachamama, afirmando que violenta los numerales segundo y séptimo del art. 26 del Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas expedido en el Decreto Ejecutivo Nº 16 de junio “al evidenciarse con violentos actos, la desviación de los fines y objetivos para los cuales fue constituida, por injerencia en las políticas públicas, atentando contra la seguridad interna del Estado y afectando la paz pública”.

Páez afirma que en 16 años de vida jurídica la ONG ha trabajado de la mano con dirigentes indígenas y entidades estatales en la creación de proyectos sustentables de desarrollo para frenar la intromisión petrolera en la zona. “Tenemos derecho a disentir de la decisión del Gobierno de entregar en concesión territorios de las nacionalidades indígenas amazónicas a empresas petroleras, sin respetar sus derechos constitucionales como la consulta libre, previa e informada”, dice Páez, para quien lo más grave de la disolución es la violación del debido proceso.

“No se nos dio la oportunidad de defendernos y tampoco se han presentado pruebas de que miembros de nuestra organización actuaron de forma violenta. Solo dos de nosotros estaban en la manifestación registrando lo que ocurría”, refiere Páez.

Pero el Gobierno tiene su tesis. En un video expuesto en el enlace sabatino del 30 de noviembre se ve a personas que agreden verbalmente al diplomático chileno y al empresario bielorruso. En un momento una lanza topa la cabeza de Nikonov. Mientras que en un folleto publicado en la página estatal ‘El Ciudadano’ se vincula a dirigentes indígenas que estuvieron en la protesta del 28 de noviembre con Pachamama y con la ONG La Hormiga.

El director de La Hormiga, Diego Escobar, recalca que el régimen se equivoca al presentarlos como una ONG. Aclara que el colectivo se creó en el 2009 como iniciativa ciudadana de oposición a la expansión de la explotación petrolera: “No hemos creado vida jurídica para blindarnos de disoluciones ante las regulaciones como la del decreto 16, con las que se busca acallar las voces que disienten”, dice.

Mientras que algunos de los dirigentes involucrados por el régimen niegan ser parte de la ONG disuelta, de la que dicen reciben asesoría legal y apoyo logístico para las marchas, ya que el transporte más eficaz para llegar de sus territorios a cantones como Shell (Pastaza) es por avioneta, cuyo alquiler bordea los $ 500 por viaje.

Entre los señalados está Franco Viteri, quien es presidente del Gobierno de las Naciones Originarias de la Amazonía. “Fuimos a dejar un oficio (el 28 de noviembre) y no nos recibieron. Eso exacerbó los ánimos y ahora es el pretexto para disolver una ONG que nos ha apoyado. El trasfondo es que nos quieren dejar sin esa ayuda, pero tenemos otras fuentes de autogestión del extranjero”, dice Viteri, quien agrega que la protesta fue convocada por la dirigencia de las nacionalidades shiwiar, zápara, shuar, achuar y kichwa.

Viteri indica que otra estrategia del régimen para hacer prevalecer sus políticas es dividir a la dirigencia. Pone como ejemplo a la nacionalidad zápara. Mientras uno de sus dirigentes, Basilio Mucushigua, participaba de la apertura de sobres junto a otros representantes indígenas, empresarios y autoridades del régimen en el acto del 28 de noviembre, en la planta baja sin poder acceder a la reunión estaba Kléber Ruiz, que el 17 de agosto pasado fue posesionado como presidente zápara.

El tema de la disolución de Pachamama ha seguido presente en los enlaces sabatinos. En el del 7 de diciembre pasado, Correa presentó un manual que en su portada dice: “Una guía para promotores y activistas comunitarios”, elaborado por Carlos Zorrilla, en el que se detallan estrategias para frenar o demorar los proyectos extractivistas.

Simón Pachano, analista político de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, afirma que el decreto 16 se contrapone con siete artículos de la Constitución como el 95 y el 96, que consagra el derecho de participación y de organización social, así como el 9, 76, 169 y 194 relacionados con el debido proceso: “No es que alguien puede decir por más autoridad que sea: ellos agredieron a tal persona y yo lo cierro, eso no, las personas acusadas tienen derecho a defenderse”, dice Pachano, quien agrega que hay la intención de eliminar cualquier forma de organización que no sea controlada desde el Ejecutivo.

“Ya se dio un paso con la estatización de la participación al crear en la Constitución el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hay que dejar que la sociedad se organice por su cuenta”, opina.

16
MIEMBROS TIENE
Pachamama, incluyendo asesores

PROYECTOS
Ecoturismo
Fundación Pachamama gestionó proyectos de turismo comunitario sustentable como Kapawi y Tinkias en las comunidades achuar.

Asesorías
Asistencia legal en los últimos 10 años en el juicio del pueblo kichwa Sarayaku para frenar la actividad petrolera en sus territorios, en Pastaza.

Energía
Un plan que incluye el transporte fluvial con barcos que se mueven con energía solar en la provincia de Pastaza.

Área social
Desde el 2008 se ejecuta un proyecto “para reducir la mortalidad materno infantil en la población achuar de Pastaza y Morona Santiago.

ecuador2El Universo

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