El hombre que debía morir

El hombre que debía morir

EN LIBERTAD. Única foto pública del sobreviviente Efrén Ticona luego de la matanza de 1986. Lleva en brazos a su segundo hijo. Fue recapturado en 2009.

Las nuevas peripecias del único sobreviviente de la matanza de Lurigancho. Un caso que demuestra que la reconciliación nacional aún tomará muchos años más.

Ricardo Uceda

Una de las más asombrosas historias personales es la de Efrén Ticona Condori, de 56 años, encarcelado sin sentencia en el centro penitenciario Castro Castro. El 18 de junio de 1986 era uno de los 125 presos por terrorismo amotinados en Lurigancho. Ese día los penales El Frontón y Santa Mónica también habían sido tomados por los senderistas. La brutal recuperación militar produjo más de doscientos cincuenta muertos, la mayoría asesinados. En Lurigancho no se reportó ningún sobreviviente.

Atrincherados en el Pabellón Industrial, los senderistas de Lurigancho —a diferencia de los de El Frontón— no poseían armas de fuego, y los policías republicanos recuperaron el local rápidamente, a la una de la mañana del día 19. Los explosivos, balazos y la lucha cuerpo a cuerpo dejaron unos treinta reclusos muertos. Los sobrevivientes, cerca de cien, fueron reducidos y llevados al patio, donde los obligaron a tenderse boca abajo. A continuación los policías le dieron a cada uno un tiro en la cabeza. Fue un milagro que Ticona no recibiera ningún disparo. Pero lo creyeron muerto, y fue sepultado oficialmente en el Cementerio de Puente Piedra, con la partida de defunción número 398 de la municipalidad de San Juan de Lurigancho.

En la primera narración pública que hizo del suceso, publicada en 2004, Ticona refirió haber escuchado los disparos que a su costado iban descargando los policías, los diálogos entre ellos para rematar a los que parecían vivos: “Mira, mira, este respira”. Y ¡pum! Estaban apretujados, y Ticona yacía pegado a un recluso que agonizaba y emitía una especie de ronquido. Un guardia lo escuchó. La bala del remate le pasó rozando y la sangre caliente del muerto se derramó por su cuello. Al despuntar el alba los republicanos se retiraron y en un instante en que la vigilancia de las torretas prestaba atención a los camiones que ingresaban para recoger a los cadáveres, Ticona brincó como un gato hacia el Pabellón Industrial aun humeante.

También fue prodigiosa su historia posterior. Del semidestruido Pabellón Industrial pudo pasar subrepticiamente al sector de los presos comunes, donde estuvo varios meses escondido. En ese momento su condición era la de fallecido en el motín. Antes era un recluso que esperaba juicio. Finalmente escapó de Lurigancho disfrazado de agente penitenciario. Retornó a Tacna, donde había vivido casi toda su vida y se había hecho senderista. Allí fue recapturado años después. Pero nadie asoció al Ticona que se detenía con el que estaba oficialmente muerto en junio de 1986. Él tampoco lo dijo.

En este anonimato respecto de los hechos de 1986 es que transcurrió la segunda etapa de su vida en prisión. Lo consideraban un senderista más, aunque la organización lo había expulsado y estaba al margen de toda acción delictiva. Lo conocí en 2002, mientras estaba detenido en Tacna y yo recogía material para mi libro Muerte en el Pentagonito. Cuando lo abordé se sorprendió de que conociera su verdadera historia.

La información me la había entregado originalmente Guillermo Catacora, quien en 1993, junto con Justo Arizapana, proporcionó al congresista Róger Cáceres Velásquez la localización exacta de los cuerpos de los estudiantes desaparecidos de la Universidad La Cantuta, asesinados por el Ejército el año anterior. Arizapana vio el entierro. A su vez, Cáceres hizo llegar la información a la revista Sí, que yo dirigía. Pero los periodistas del semanario ignorábamos quiénes eran los informantes de Cáceres y recién lo supe en 2002, cuando entrevisté por primera vez a Catacora para mi libro. Tenía aún la boca abierta por la revelación cuando me dijo:

—Oiga, no es lo único terrible que conozco. ¿Sabía que hubo un sobreviviente en la matanza de Lurigancho?

Resultó que en 1986 Catacora le había abierto a Ticona la puerta para que pudiera entrar del Pabellón Industrial a la cuadra de los presos comunes. Pero no conocía su nombre. Con su testimonio extraordinario recurrí a los senderistas de Castro Castro, a quienes entrevistaba en busca de información histórica, con resultados disímiles. Luego de varios meses me dijeron quién era y dónde estaba.

—Es un renegado —dijo la fuente— pero puede ayudar a desenmascarar la masacre.
¿Por qué volver a Efrén Ticona en 2014?

Porque actualmente es un emblema de lo que ocurre con muchos peruanos empantanados sin razón valedera en litigios por su participación en la lucha contrasubversiva. Hay de ambos lados, y El Informante procurará reportarlos. En ocasiones son militares acusados de violaciones de derechos humanos contra quienes las pruebas no son suficientes o simplemente no son culpables. Otros casos involucran a quienes han sido senderistas —o lo son— y han cumplido su pena. Una corriente quizá mayoritaria desearía que el sistema judicial se valga de cualquier triquiñuela para no administrar justicia. Como esta posición es indefendible nadie la enarbola públicamente. Lo que ocurre con Ticona indica que hay jueces que practican esta perversión.

Lo habíamos dejado en Tacna, tras ser recapturado luego de su fuga de Lurigancho. Salió en libertad en 2005, absuelto de un juicio por falta de pruebas. Volvieron a capturarlo en 2009, por una requisitoria que desconocía. Por entonces era chofer de una compañía de transporte turístico en Tacna y estaba completamente regenerado. Su empleador y vecinos atestiguaron su buena conducta y laboriosidad. En el expediente visto el 2009 se lo incriminaba genéricamente de atentados terroristas en Puno, Cusco y Arequipa. Todos los acusados habían sido absueltos y Ticona aún no, porque estaba ausente en la lectura de sentencia. La única prueba que ofrecía la fiscalía era la declaración del policía que hizo el atestado. Después de mucho tiempo fue ubicado en algún lado del país. Ante la Sala Penal Nacional, a cargo del juzgamiento, el policía declaró que la firma del atestado era efectivamente suya pero que no se acordaba de los hechos.

—¿Para esto hemos venido a juicio oral? —le preguntó al fiscal la jueza Susana Castañeda.
En 2010 Ticona fue absuelto. Cuando se iba a consumar la excarcelación, el INPE dijo que había tres órdenes de captura en su contra, correspondientes a otros tantos atestados. Todos correspondían a la Sala Penal Nacional. Algo así es posible porque en esta instancia judicial, que es compuesta por varias subsalas que se denominan Colegiado A, B, C, D, E y F, la información sobre los procesados no está uniformizada. Mientras Ticona llevaba más de dos años alegando su inocencia ante uno de ellos, ignoraba lo que se le imputaba en los otros. Nunca había sido notificado. Su defensa pidió unificar todos los procesos adicionales pendientes, reuniendo todas las vagas acusaciones que la fiscalía había copiado de los atestados. La unificación demoró año y medio más. Cuando faltaban dos meses para que se cumpliera el límite legal de cuatro años en el que una persona puede estar detenida sin sentencia, el abogado de Ticona solicitó juzgarlo en situación de comparecencia.

Los jueces no resolvieron el pedido y el límite legal de detención sin sentencia venció. Luego, ante la ilegalidad, la Sala Penal Nacional decidió otorgarle arresto domiciliario —debía excarcelarlo como manda la ley— pero la medida nunca pudo ser ejecutada. La policía opinó que las viviendas que Ticona ofrecía, una de ellas facilitada por una comunidad cristiana, no brindaban adecuadas condiciones de seguridad. Uno de los reparos era la existencia de cabinas de internet en las inmediaciones. Junto con su tercera objeción, la policía reportó la existencia de ocho nuevos juicios en los que el hombre que debía morir estaba incurso. La Sala retrocedió y se rehusó a ejecutar el arresto domiciliario. El abogado de Ticona hizo notar al colegiado que no había ocho sino únicamente dos nuevos expedientes. Uno de ellos se acumuló al proceso y el otro fue archivado porque los delitos estaban prescritos. En esta situación, con todos los expedientes pendientes acumulados, el colegiado decidió excarcelar a Ticona. Entonces apareció otra dificultad: el INPE informó sobre un novísimo proceso con mandato de detención. Otro caso del cual, supuestamente, no se tenía noticia.

No era novísimo, sino uno que ya estaba acumulado desde finales del 2013. Pero el colegiado, que ya no era el mismo sino otro que lo reemplaza por vacaciones, decidió que ante este “nuevo proceso” no cabía excarcelación. Finalmente es posible que un recurso de hábeas corpus la otorgue, pero ya surgirá algo en el camino para impedirlo. En el fondo nadie quiere liberar a alguien que ha sido senderista. Aunque haya pagado su culpa y pronto cumpla cinco años preso sin sentencia condenatoria. Quizá Ticona muera en la cárcel y la venganza se consume. Quizá pierda una pierna por falta de un tratamiento adecuado. Tiene una úlcera varicosa profunda, con infección e insuficiencia venosa, causantes de dos trombosis graves. Habrá quienes se alegren, porque la reconciliación nacional aún tomará muchos años más.

Larepublica

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